[nettime-lat] [ATTAC]INFORMATIVO 229 - ¿Deuda ilegal, deuda odiosa, deuda inmoral?

["Grano de Arena" <informativo@attac.org>]

EL GRANO DE ARENA
Correo de información ATTAC n°229
Lunes, 1/03/2004
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En este número
SECCIONES
A. De interés general - B. Latinoamérica - C. ATTAC

A1. ¿Deuda ilegal, deuda odiosa, deuda inmoral? El autor de este artículo
sostiene que a pesar de su evidente firmeza y decidida actitud en la
renegociación de la deuda externa con los organismos de crédito y acreedores
internacionales, el actual gobierno vuelve a desaprovechar, como los
anteriores desde 1984, una excelente oportunidad para desestimar porciones
importantísimas de la deuda, alegando con justicia su ilegalidad y
apoyándose en importante jurisprudencia internacional.

B1. Nicaragua - Pronunciamiento del Movimiento Social Nicaragüense "Otro
Mundo es Posible" A todas las Iglesias de buena voluntad (católica,
protestante, evangélica...) a exigir la libertad de los hermanos y hermanas
presos en EE.UU y a cuestionar la política militarista y hegemónica del
gobierno de EE.UU en nuestro continente y en el mundo.
B2. Bolivia: Asamblea Constituyente . Democracia Participativa en acción: La
nueva Constitución Política del Estado debe incorporar, por primera vez en
la historia de Bolivia, las concepciones, los usos y costumbres, la cultura
misma de los pueblos originarios que conforman la mayoría de nuestra
sociedad. Y, el primer elemento de esas concepciones, es la recuperación de
la estructura productiva del país, destruida para dar paso al modelo
colonial.
B3. Bolivia: Los campesinos Sin Tierra destacan el reclamo de la iglesia: El
Movimiento de Campesinos sin Tierra (MST) de Bolivia destacó un
pronunciamiento de la Iglesia Católica sobre la inequidad en el campo, como
confirmación de la necesidad de avances en la entrega de parcelas a los
labriegos pobres.
B4. Haití como evidencia: Ha figurado por décadas como el país más pobre y
atrasado del continente americano. Superpoblada, deforestada y sometida a
dictaduras y cuartelazos, es la quintaesencia de república bananera.

C1. ATTAC-España - En defensa de la justicia fiscal y contra la perversión
moral de los gobernantes: Ante las gravísimas declaraciones de Berlusconi
afirmando el pretendido "derecho moral" a la defraudación fiscal, y ante la
necesidad urgente del control democrático mundial de los movimientos
financieros, y de poner fin a la criminalización de los circuitos
internacionales de capital financiero
C2. ATTAC-Argentina - Entrega de los resultados de las Primeras Jornadas de
Consulta Popular No al ALCA




A1. ¿Deuda ilegal, deuda odiosa, deuda inmoral?

                                    Salvador María Lozada*

Algunos de quienes, como el que esto escribe, ya analizaban el tema de la
Deuda Externa en los años 80 , concluían que ésta tendía a ser no solo una
carga insoportable, sino también un instrumento de dominación, como acaba de
denunciarlo con mucha pertinencia y precisión el Episcopado católico 2 . En
ese propósito de subordinación el Fondo Monetario Internacional (FMI) jugaba
un rol central, como inspirador y motor del endeudamiento, como persuasor y
amansador de gobernantes, mayorías legislativas y órganos mediáticos. Con el
paso de los años -y sobre todo a partir de la crisis de diciembre de 2001-
estas nociones se fueron haciendo, felizmente, convicción colectiva.

A comienzos de 1984, al concluir la dictadura militar, se pudo haber
rechazado la deuda contraída por los usurpadores del poder político. Se pudo
haber erigido una clara doctrina sobre la invalidez de los actos financieros
que comprometieron al país, como consecuencia de la ruptura de la
legitimidad democrática.

Increíblemente, se desperdició esa oportunidad singular. Por el contrario,
se siguió incrementando la deuda hasta el punto en que adquirió dimensión de
catástrofe pública. Casi veinte años después, cuando cayó el gobierno de
Fernando de la Rúa, se proclamó el default como un acto de salvación
nacional. Pero afirmar que no se ha de pagar una deuda, es reconocer que
existe y que es exigible. De nuevo en el 2001, como en 1984, la clase
política manifestó su superficialidad y su incapacidad para un enfoque hondo
y raigal del endeudamiento.

A diferencia de otros ámbitos en los que marca una clara ruptura con el
pasado, el nuevo gobierno exhibe ahora una política respecto al
endeudamiento sobre la que es preciso formular algunas advertencias. Por de
pronto, hablar de una quita supone una vez más que se reconoce como debido
el total de la misma. Proponer pagar menos importa admitir que se debe lo
más. Como en 1984 y en 2001, Argentina deja pasar la ocasión de un cambio
importante, de una cesura o corte históricos y omite nuevamente los grandes
planteamientos en los que puede hacerse fuerte; los cuestionamientos de
principio sobre la legitimidad y exigibilidad de importantes segmentos de la
presunta deuda; el rechazo in límine de la pretensión de muchos de los
acreedores. Quedan así voluntariamente cancelados, por su propio
beneficiario, los cruciales capítulos de la invalidez constitucional de la
deuda, de su rechazo en los términos de la doctrina de la Deuda Odiosa, de
la posible aplicación de la doctrina Espeche Gil, del examen de los diversos
segmentos de un endeudamiento que es plural y heterogéneo y, lo último pero
no lo menor, el escrutinio severo de las gravísimas responsabilidades
ético-juridicas habidas en esta materia crítica.

La consideración Constitucional

La capacidad de endeudamiento del Estado ha sido objeto de dos normas, la de
los incisos 3 y 6 del artículo 67 de la Constitución (ahora, después de la
reforma de 1994, 4 y 7 del artículo 75). Ambas confieren aptitud en esta
materia al Congreso nacional. No se trata de una adjudicación caprichosa,
sino coherente con toda la historia del constitucionalismo. El endeudamiento
público es cometido del Poder Legislativo porque en éste y sólo en éste
están representados quienes a la postre van a tener que soportar el pago de
ese endeudamiento: los ciudadanos de la Nación.

Debe subrayarse que ninguno de los otros poderes del Estado tiene en las
normas de los artículos 86 y 100 (ahora 99 y 116) de la Constitución -que
enumeran sus atribuciones- ninguna competencia que de algún modo, así sea
remotamente o por extensión, pueda significar una coparticipación en materia
de endeudamiento público. Esa falta constitucional de competencia es aún más
obvia cuando la deuda procede de las obligaciones que contrajeron los
usurpadores violentos de los órganos del Estado, a través de la comisión del
delito de rebelión. Dicho de otro modo, las dictaduras militares, es decir
la ocupación delictual de las funciones de gobierno, constituyen inequívocas
situaciones en las que la concertación de deudas no puede obligar al Estado,
una vez recuperada la democracia, sino pasa por el control del Congreso, que
tiene facultad expresa de ¿arreglar? la deuda interna y externa de la Nación
.

Pocos meses después de restablecidos los poderes constitucionales, el mayor
de los constitucionalistas argentinos, Germán J. Bidart Campos, reclamó la
intervención del Congreso con estas palabras:"(?) no estamos juzgando
motivaciones, estilos, ni tecnicismos satisfactorios para poner en orden
esta pesada carga de la deuda exterior. Estamos ante otra cosa: que el
Congreso y no el Poder Ejecutivo- es el órgano de poder al que la
Constitución señala para "arreglar" aquella deuda. Y un Congreso que
bastante febrilmente ha asumido su rol legiferante ¡y enhorabuena!- no ha
tomado la carta que debiera haber tomado en el arreglo de la deuda" .

La deuda externa nunca fue arreglada; ni entonces ni después. Nadie quiso
hacerlo. Ni el poder ejecutivo ni las cambiantes mayorías legislativas. Se
siguió avanzando alegremente en el endeudamiento y en las viciosas
negociaciones alegremente proclamadas como exitosas- con el FMI, como si la
Constitución no existiera. Pero la Constitución existe y la deuda externa
carece de validez constitucional mientras no sea arreglada por el Congreso,
cosa que en ningún momento ha ocurrido. Es muy importante oponer esta razón
fundamental a los acreedores.

La Deuda Odiosa.

En 1898, al cabo de la guerra con España por la isla de Cuba, Estados Unidos
inventó la doctrina de la Deuda Odiosa, cuya formulación más simple es la
inexigibilidad de las obligaciones que se contraen y pesan sobre el pueblo
sin que las mismas hayan significado algún beneficio para éste. Se trataba
de que los banqueros españoles no pudieran cobrar los préstamos hechos al
gobierno colonial de Cuba. Se decía, con razón, que el pueblo de Cuba " no
tuvo voz" en el endeudamiento. Ahora mismo, en Irak, Estados Unidos reflota
sin mayor estruendo la teoría, tratando de que ese país ocupado se alivie de
la deuda contraída con los europeos.

¿Menor tacha de oportunismo tiene el caso Tinoco?, el más resonante ejemplo
de absolución de un Estado por las responsabilidades de sus deudas.
Involucró, en el primer cuarto del siglo XX, a los gobiernos de Costa Rica y
Gran Bretaña. El presidente Federico Tinoco, un dictador costarricense ,
había garantizado a una petrolera británica una concesión autorizada por él
y aprobada por la Cámara de Diputados. Simultáneamente, el Royal Bank of
Canadá otorgó un préstamo a Costa Rica. Sin embargo, según la Constitución
de Costa Rica, un contrato que estipula ventajas impositivas (era el caso),
necesitaba la aprobación de las dos cámaras legislativas, como ocurre en
Argentina con el arreglo de la deuda externa. Luego de la caída de Tinoco,
el nuevo gobierno repudió el contrato argumentando que quienes lo habían
acordado actuaron fuera de su competencia. La disputa suscitó una
controversia ante la Corte Internacional de La Haya, donde las partes
confiaron el conflicto a un árbitro peculiar: el ex presidente de Estados
Unidos William Taft, a la sazón presidente de la Corte Suprema de su país.
En 1923, el fallo del juez Taft desestimó la demanda y respaldó la posición
costarricense.

En substancia el fallo alegaba que las "transacciones (?) que en sí mismas
no constituyeron transacciones de naturaleza ordinaria estaban viciadas de
irregularidades como las que padece el endeudamiento argentino por falta de
participación del Congreso.

Haber invocado en estos años la Doctrina de la Deuda Odiosa hubiera tenido
doble pertinencia. Por un lado, es claro que la deuda externa, en alguno de
sus segmentos dominantes, fue una alquimia financiera que permitió que nada
entrara realmente al país y que, a través de simbolismos digitalizados,
bancos y multinacionales se pudieran transferir dólares a casas matrices o
cuentas en el exterior. No hay una sola obra pública, un solo hospital, un
solo programa vial o de cualquier otro ámbito del desarrollo que se haya
financiado con el endeudamiento externo.

Uno de los actos de más insolente usurpación del poder público cometido
durante la dictadura militar ocurrió hacia el final de esa etapa. Consistió
en el "Comunicado A-251" del Banco Central, que declaraba con una impudicia
sin límites la "transformación de la deuda externa privada en deuda
pública", como dice el documento. Esto ocurrió el 17 de noviembre de 1982.
En ese mes y el siguiente el gobierno de la dictadura dictó tres decretos
complementarios de ese peculiar "Comunicado". El año siguiente en febrero,
cuando la dictadura empezaba ya a colocarse en estado de fuga, ratificó esos
decretos mediante una sedicente ley 22.749.

Adviértase bien, la Constitución quiere que sea el Congreso y sólo el
Congreso quien contraiga deuda pública. En el caso de la deuda privada
convertida en pública en 1982, no fue el Congreso, ni el Poder Ejecutivo
(inconstitucionalmente delegado por el art. 48 de la ley permanente
complementaria del presupuesto), ni siquiera un ministro del Poder Ejecutivo
sino un órgano subministerial el que creó uno de los segmentos onerosos de
la deuda externa pública. Si no hay duda de que toda la deuda externa
contraída al margen del Congreso debe ser arreglada por éste para que valga
como tal, ¿qué decir de esta deuda privada transformada en pública por un
acto de prestidigitación del Banco Central, de los cómplices de la dictadura
ocupantes de esa institución? No hay la menor duda de que este engendro
clama a gritos destemplados la muy razonable invocación de la doctrina de la
Deuda Odiosa. ¿Qué más "viciado de irregularidad", para usar las palabras de
William Taft? Ningún hecho expresa mejor la evidente voluntad de utilizar el
endeudamiento de todo el pueblo a favor de un limitado grupo de personajes y
empresas, cuyos nombres debieran estar inscriptos en algún lugar público
para contrarrestar la débil memoria colectiva y como simple anuncio de un
asomo de decencia en la vida pública argentina.

La doctrina de la Deuda Odiosa no es una antigualla perdida en la historia
económica. Tiene un sitio en Internet: www.odiousdebts.org

Como se ha dicho, Estados Unidos la invoca ahora contra Alemania, Francia y
Rusia, acreedores de Irak, para quedarse, si puede, con un país petrolero
libre de deudas.

La Corte Internacional de Justicia

También se ha dejado de plantear la cuestión de la deuda ante el órgano
jurisdiccional internacional, según la tesis de un notable diplomático
argentino, el embajador Miguel Angel Espeche Gil, consistente en aplicar el
derecho internacional público y llevar la cuestión de la deuda externa a la
Corte Internacional de Justicia mediante el Procedimiento Consultivo. En
consonancia con una visión realista y ante el agravamiento de la situación
de la deuda, la XII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea-America
Latina, realizada en Bruselas en junio de 1995, pidió a los Estados miembros
de los dos parlamentos que tomaran las iniciativas oportunas, buscando el
apoyo de otros países del mundo, a fin de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas solicitara a la Corte Internacional de Justicia de La Haya
un dictamen consultivo que permitiese afrontar el problema de la deuda
externa conforme a los principios generales del derecho internacional
contemporáneo . La declaración recogía y hacía suya la tesis sustentada por
Espeche Gil desde 1984, cuando fue adoptada en el XV Congreso del Instituto
Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, en Santo Domingo, en marzo
de 1989. Esta línea de acción fue tan eficaz que incluso países de
acreedores, como Italia, llegaron a aprobar en sus Parlamentos la decisión
de pedir a la Asamblea general la consulta sobre la legitimidad de la deuda
externa latinoamericana.

Todos estos esfuerzos internacionales, con claros protagonismos argentinos y
latinoamericanos, han sido ignorados y postergados por un tratamiento del
problema que es pura y cruda anómia, puro y simple empirismo cuantitativo,
como si el deber ser no existiera y todo pudiera resolverse como una miope y
obtusa práctica mercantil, cuando se trata de un tema rigurosamente
jurídico. Una actitud que desguarnece a la Nación argentina y facilita el
camino de los presuntos acreedores.

No reconstruir el proceso de formación de la deuda, no discriminar sus
diferentes bloques algunos tan escandalosamente anómalos como el de la
estatización de la deuda privada- meter a todos en la misma bolsa, ignorar
el pasado, parecen ser los elementos de la actitud con la que se intenta
negociar. Incluir en el grupo de bancos negociadores al Merril Lynch, de
oscura ejecutoria en el llamado "canje de la deuda" agrega incertidumbre y
peligrosa opacidad al panorama. La ley 25.780, de octubre último, aprobando
las compensaciones a los bancos reclamadas por el FMI agrega un signo
preocupante a la negociación .

No debiera olvidarse que el endeudamiento ha sido la ocasión para que se
cometieran innumerables ilícitos. La sentencia dictada en la denuncia hecha
por Alejandro Olmos los describe con mucha precisión . Ese pronunciamiento
fue enviado el Congreso para que éste obrara en consecuencia. Pero las
mayorías legislativas desviaron la mirada, como si el asunto de la deuda, en
el que el Poder Legislativo tiene específica y excluyente responsabilidad
constitucional, les fuera ajeno.

El clima de ilicitud recién aludido permite evocar lo establecido por la
Comisión de Iustitia et Pax en el documento "Al Servicio de la Comunidad
Humana: Una Consideración Ética de la Deuda Internacional", cuyo punto III,
2 dice: "Aceptar la corresponsabilidad internacional significa para los
países en desarrollo proceder a un examen de las causas que han contribuido
a aumentar la deuda (...) Un examen exacto de la deuda actual revelará la
particularidad de cada país en desarrollo, tanto de las causas internas como
de las soluciones y la posibilidades futuras (...) Las categorías que
detentan el poder en los países en desarrollo deben aceptar que sus
comportamientos y sus eventuales responsabilidades en el endeudamiento de
sus países sean aclarados: negligencia en la instalación de estructuras
adecuadas o abuso de las estructuras existentes (fraudes fiscales,
corrupción, especulaciones monetarias, fuga de capitales privados,
backshishs ¿coimas?- en los contratos internacionales. Este deber de
transparencia y veracidad ayudaría a establecer mejor la responsabilidad de
cada uno, evitar las sospechas injustificadas y a proponer las reformas
adecuadas y necesarias tanto para las instituciones como para los
comportamientos".

Ese deber de transparencia y veracidad también ha sido completamente
omitido. Su cumplimiento no solo hubiera neutralizado muchas pretensiones de
presuntos acreedores.

También hubiera contribuido a crear la atmósfera de rectitud y vocación
ética propia de un nuevo ciclo histórico.

* Presidente del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE);
Presidente Honorario de la Asociación Internacional de Derecho
Constitucional; Ex Juez Nacional; Ex Profesor Titular Ordinario de la
Universidad de Buenos Aires.

B1. Nicaragua - Pronunciamiento del Movimiento Social Nicaragüense "Otro
Mundo es Posible"

El padre jesuita José Mulligan, ha sido condenado a 3 meses de prisión en
Estados Unidos por exigir el cierre de la "Escuela de las Américas". El
padre José se declaró en "ayuno y oración" desde el momento en que comenzó
el cumplimiento de su sentencia. A través de esta acción profética y no
violenta mantiene su exigencia del cierre de esta instalación militar y la
retirada inmediata de las tropas de ocupación estadounidenses y
latinoamericanas de Irak (y permitir así la autodeterminación y
reconstrucción del pueblo irakí, con la ayuda de la ONU, si así lo decide su
población).

El Padre José es parte del Movimiento Social Nicaragüense "Otro Mundo es
Posible" y trabaja desde hace años en Nicaragua con las Comunidades
Eclesiales de Base, con el Voluntariado Jesuita Internacional y con
organizaciones de no-videntes nicaragüenses.  Junto a él, otros 27
ciudadanos y ciudadanas estadounidenses también han sido sentenciados a
penas de hasta 6 meses de prisión. Dentro del grupo hay 3 sacerdotes mas y
una religiosa (escolástica de Notre Dame), además de un pastor protestante y
varias madres y padres de familia.

En la Escuela de las Américas, instalación militar del ejército de EE.UU en
Ft. Benning, Georgia, han sido entrenados muchos soldados y oficiales de los
ejércitos latinoamericanos que participaron sistemáticamente en asesinatos,
torturas, desapariciones, violaciones y masacres de cientos de miles de
seres humanos en América latina durante los últimos años. El cierre de esta
escuela, que sigue entrenando hoy en día a militares latinoamericanos,
incluso nicaragüenses, viene siendo un clamor popular, tanto en EE.UU como
en todo el continente, de miles de personas y organizaciones sociales y de
derechos humanos. El pasado 20 de noviembre, en coordinación con las
protestas que el P.José y miles de personas llevaban a cabo en diferentes
lugares de EE.UU y del mundo, y convocados por el Movimiento Social "Otro
Mundo es Posible", caminamos también en Managua exigiendo el cierre de esta
escuela y contra la militarización del continente y la firma del Tratado de
Libre Comercio (CAFTA), denunciando que todas estas acciones e instituciones
son parte del mismo proceso de injerencia y control militar y económico que
el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo en Nicaragua, Centroamérica y
todo el continente americano. Paradójicamente, quienes hoy exigen justicia
para tantas víctimas asesinadas son perseguidos, mientras que los
torturadores y asesinos adiestrados en la Escuela de las Américas, y los
militares que los entrenaron y presidentes de aquel país que los
financiaron, gozan de total impunidad.

Condenamos, a casi un año del aniversario de la ocupación militar de Irak,
la permanencia de tropas invasoras en aquel país comandadas por el ejercito
de EE.UU, y la represión que se sigue llevando a cabo contra el pueblo
irakí. También condenamos la manipulación por parte del gobierno Bush al
ofrecer la nacionalidad estadounidense a cambio de ir a combatir a Irak a
miles de latinos que por su miserable situación económica, fruto a su vez de
las políticas neoliberales exigidas por instituciones multilaterales afines
a la misma política de Washington, terminan aceptando el chantaje y son
después carne de cañón, como el nicaragüense recientemente muerto en Irak y
a cuyo funeral en Mateare ni siquiera asistió el presidente Bolaños en una
muestra mas de su ya conocida insensibilidad humana.

Por todo ello, el Movimiento Social Nicaragüense "Otro Mundo es Posible"
hace los siguientes llamados urgentes:

Al gobierno de Estados Unidos: para exigirle la inmediata liberación del
Padre José Mulligan y de todos y todas aquellas personas que injustamente
sufren prisión en estos momentos por el sólo hecho de ponerse del lado de la
justicia y la paz al exigir el cierre inmediato de tan nefasta instalación
militar. También para exigirle enérgicamente el cierre de la Escuela de las
Américas, la retirada se sus fuerzas de ocupación militar de Irak y la
renuncia a su estrategia de militarización de nuestro continente y de
injerencia política en Nicaragua.

Al gobierno del presidente Bolaños:  a renunciar a su actitud entreguista
frente a los intereses del gobierno de Bush y repatriar de inmediato a los
soldados nicaragüenses que hoy se encuentran en Irak como parte de las
fuerzas ilegitimas de ocupación.

A la Asamblea Nacional de Nicaragua: a no ratificar el Tratado de Libre
Comercio entre C.A y EE.UU, por ser este parte de la estrategia de hegemonía
económica regional del gobierno estadounidense.

A todas las Iglesias de buena voluntad (católica, protestante,
evangélica...) a exigir la libertad de los hermanos y hermanas presos en
EE.UU y a cuestionar la política militarista y hegemónica del gobierno de
EE.UU en nuestro continente y en el mundo.

Al pueblo de Nicaragua: a movilizarse cada viernes de 5 a 6 pm frente a la
embajada de EE.UU en Managua, mientras el padre José esté preso, para exigir
su liberación y la de sus compañeros y compañeras, presas y presos políticos
del gobierno Bush y denunciar la política hegemónica estadounidense.

POR LA LIBERTAD DEL P. JOSE MULLIGAN Y SUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS PRESOS

POR LA NO INJERENCIA MILITAR Y ECONOMICA DE EE.UU

POR LA PAZ CON JUSTICIA...

PORQUE OTRA INTEGRACIÓN - sin TLC - ES POSIBLE

PORQUE OTRA AMERICA ES POSIBLE

PORQUE OTRA NICARAGUA ES POSIBLE

PORQUE OTRO MUNDO ES POSIBLE

B2. Bolivia: Asamblea Constituyente
Democracia Participativa en acción

                            Antonio Peredo Leigue

El viernes 20 de febrero, el presidente Carlos Mesa promulgó la reforma de
la Constitución Política del Estado, que incorpora las figuras del
referendum (ya sea vinculante o consultivo, sobre temas de decisión
nacional) y de la Asamblea Constituyente, que tendrá la misión de redactar
una nueva Constitución.

La gran movilización de octubre pasado se inició en demanda de dos grandes
temas: la reversión de los hidrocarburos como patrimonio del estado
boliviano y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. La tozudez del
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, respondió el reclamo con una
sangrienta represión que sólo concluyó cuando éste renunció y fugó del país.

El porqué de la Asamblea Constituyente

La exigencia de que se convocase a esta Asamblea, comenzó a gestarse en las
movilizaciones del año 2000, cuando gobernaba Hugo Banzer. De los sectores
populares surgió esta reclamación, como respuesta a la aplicación del modelo
neoliberal que había agravado la miseria del país, por la entrega de los
recursos naturales y del aparato productivo y de servicios a las
transnacionales. Los sectores que enarbolaban esta reivindicación reclamaban
el cambio total de la Carta Magna, con el objetivo de establecer una nueva
estructura del Estado, que garantice la solución de las necesidades del
pueblo.

La demanda de que se convoque a una Asamblea Constituyente sensibilizó a
tantos sectores que, en julio de 2002 -poco antes de que concluyese la
gestión de Jorge Quiroga, quien sucedió a Banzer durante el último año de
ese gobierno-, una marcha indígena que recorrió el país desde Santa Cruz
hasta La Paz, tuvo como única consigna la Asamblea. Faltando apenas unos
días para que concluyese su mandato, los partidos oficialistas firmaron un
compromiso con los marchistas, para incluir la Asamblea Constituyente en la
Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución. Sin embargo, como tantas
veces lo habían hecho, faltaron a su compromiso y aprobaron esa ley sin
incluir la figura de la Constituyente.

Tal incumplimiento tuvo el efecto de sensibilizar a sectores de la clase
media. Cuando Sánchez de Lozada asumió el gobierno, el tema se había
convertido en uno de los dos temas más exigidos por todos. Ya en enero
siguiente, Goni -como gusta que lo nombren-, enfrentó una movilización que
se centró en los sectores campesinos que no reclamaban por sus intereses
particulares sino por los de la nación: reversión de los recursos naturales
y convocatoria a la Constituyente.

Las sangrientas jornadas de febrero y de octubre, hicieron imposible que se
negase ambas reclamaciones. Goni y sus principales colaboradores huyeron del
país y el nuevo presidente anunció, en su discurso de posesión, que
cumpliría con el mandato popular.

La Constituyente es un proceso

Incorporada a la CPE, la Asamblea Constituyente puede ser convocada en el
futuro inmediato. El texto constitucional dice que será convocada mediante
ley aprobada por el Congreso Nacional y que el presidente no puede vetar.

La ley de convocatoria establecerá el número de constituyentes, la forma en
que serán elegidos y, talvez, el tiempo que durarán en funciones. En el
ejercicio de una democracia participativa que así se iniciará, se redactará
esa ley como conclusión de un proceso de seminarios, talleres, consultas y
encuestas que deben realizarse en todo el país.

Hay muchas propuestas, principalmente sobre la forma de elección. Van desde
una designación corporativa, hasta la elección de un número igual de
representantes en cada uno de los 9 departamentos, sin importar la población
que tengan. Lo más probable, sin embargo, es que se proceda a una elección
que garantice una representación adecuada a los diferentes sectores de la
sociedad y a las distintas regiones del país. Con ese propósito, la reforma
constitucional ha suprimido el monopolio de los partidos políticos para que,
agrupaciones ciudadanas y pueblos originarios, puedan presentar candidatos.

En cuanto al número de asambleístas, unos postulan el mínimo posible,
argumentando que, de ese modo, se conformará una asamblea con una adecuada
eficiencia. Otros, en cambio, prefieren una representación muy numerosa que
garantice la presencia de todos los sectores. Tendrá que darse un término
tal que, posibilitando una representación social y regional suficiente, no
llegue a ser masiva.

                                            Refundar el país

Convocar una Asamblea Constituyente para ampliar los derechos ciudadanos y
perfeccionar el aparato estatal, sería una exageración. Para eso, es
suficiente la reforma parcial de la Constitución Política del Estado. La
Constituyente tendrá la misión de dar una nueva Carta Magna al país.

La actual Constitución tiene un claro perfil liberal: derechos y deberes de
las personas, estructura clásica del Estado, garantía de la propiedad
privada, etc. Los procesos vividos en los últimos setenta años agregaron
algunas conquistas sociales: derechos sindicales, protección de la parcela
campesina y, en años muy recientes, reconocimiento del carácter
pluricultural y multilingüe de nuestra sociedad.

La implantación del modelo neoliberal desde 1985, hizo que estas conquistas
sociales fuesen transgredidas por los gobiernos que se sucedieron desde
entonces. Así, los recursos naturales fueron entregados a empresas
transnacionales. Los sindicatos son desconocidos por los empresarios. Las
huelgas son automáticamente declaradas ilegales por el Ministerio del
Trabajo. La parcela campesina no tiene ninguna protección. Hasta los
derechos esenciales de la persona, como el derecho al trabajo, han quedado
suprimidos en los hechos. Pero, como dijimos, no se trata solamente de
restituir y consolidar esos derechos.

La nueva Constitución Política del Estado debe incorporar, por primera vez
en la historia de Bolivia, las concepciones, los usos y costumbres, la
cultura misma de los pueblos originarios que conforman la mayoría de nuestra
sociedad. Y, el primer elemento de esas concepciones, es la recuperación de
la estructura productiva del país, destruida para dar paso al modelo
colonial.

El Estado debe constituirse en promotor de la producción nacional, con un
gobierno organizado de forma tal que todos sus mecanismos contribuyan a ese
propósito. La legislación deberá elaborarse en una Asamblea Legislativa
ágil, representativa de la sociedad y sometida a su control. La justicia
tendrá que impartirse por tribunales que sean responsables ante la sociedad.

De esa dimensión es la tarea que se espera de la Asamblea Constituyente.

Servicio Informativo "Alai-amlatina"
Agencia Latinoamericana de Informacion -
ALAIinfo@alainet.orgURL:http://alainet.org

B3. Bolivia: Los campesinos Sin Tierra destacan el reclamo de la iglesia
Al mismo tiempo, el Gobierno admitió la situación señalada por la Iglesia,
con datos oficiales en el sentido que el 80% de los agricultores poseen el
3% de la tierra cultivable, mientras grandes propietarios conforman un 20% y
acaparan el 97 % de las áreas habilitadas para producir.

Un pronunciamiento del Programa de Promoción de la Participación y del
Control Social (Propacs) invocó esas cifras para demandar una redistribución
más justa de la tierra, así como seguridad jurídica, reforzamiento y
democratización del control del proceso.

La declaración eclesiástica reclamó asimismo acceso a los recursos
naturales, apoyo a la producción, acceso a mercados y mayor participación y
concertación social en el agro.

El dirigente del MST Eulogio Quito destacó el carácter solidario de la
declaración católica, hacia unas 200 mil familias que según la organización
no tienen tierras para trabajar con fines de subsistencia.

Quito planteó que la posición de la Iglesia Católica evidencia la necesidad
de avances en una negociación entre el MST y el Gobierno, para acelerar el
proceso de entrega de tierras a los campesinos pobres, establecida por la
Ley del Instituto de Reforma Agraria hace diez años, pero sin avances
satisfactorios, según los labriegos.

Según Propacs, en la década transcurrida citado organismo sólo ha cumplido
su tarea de distribuir tierras en un 22 por ciento, 44 por ciento de las
parcelas teóricamente disponibles están sometidas a un proceso de
verificación sobre la legalidad propietaria o su aprovechamiento económico y
no se ha hecho nada en el 34 por ciento restante.

El dirigente indicó que uno de los problemas para la entrega de predios es
que no se encuentran áreas fiscales cuya distribución prevé la citada
legislación y que fueron ilegalmente entregados a latifundistas por
ejecutivos del Instituto.

El MST dejó semanas atrás en suspenso un plan de ocupaciones de tierras
privadas ilegales u ociosas -que deben ser repartidas, según la legislación
vigente- a la espera de negociar con el Gobierno la aceleración del proceso
de verificación, para la distribución entre los necesitados.

Apuntó sin embargo Quito que su organización considera que las tomas de
predios invocan razones de legitimidad, independientemente de que los mismos
sean legalmente patrimonio de latifundistas, pues estos no son propietarios
originales.

El delegado presidencial de Tierras, Gustavo Pedraza, reconoció la
desigualdad denunciada por la Iglesia y el MST, que un diario local definió
como uno de los mayores dolores de cabeza del Gobierno del Presidente Carlos
Mesa.

Pedraza dijo que, consciente de la inequidad existente y de acuerdo con las
demandas eclesiásticas, la administración trabaja sin pausa a fin de
resolverla, pero pidió entender que el problema no se puede resolver en tres
meses, tiempo que media desde que Mesa asumió funciones y creó el cargo de
Delegado Presidencial para el tema.

El funcionario aseguró que existe decisión oficial para trabajar con el
Campesinado en la redistribución de las tierras y apuntó que esta tarea no
puede ser rápida y enfrenta la falta de capacidad logística del Estado.

Anunció Pedraza por otra parte una próxima reunión con la jerarquía de la
Iglesia Católica, para dialogar sobre la búsqueda de soluciones al problema
de la tierra.

El delegado presidencial fue recientemente vapuleado por terratenientes de
la oriental región de Santa Cruz, por haber abierto proceso contra varios de
los más grandes propietarios, por haberse apropiado ilegalmente de
importantes extensiones de tierras estatales.

Entre los procesados figuran empresarios y políticos ligados al pasado
régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada -quien renunció en octubre presionado
por una rebelión social-, como el diputado y millonario banquero, Jorge
Valdez, y el ex ministro y ex diplomático Andrés Petricevic.

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B4.Haití como evidencia
                                    Augusto Zamora R.*

Ha figurado por décadas como el país más pobre y atrasado del continente
americano. Superpoblada, deforestada y sometida a dictaduras y cuartelazos,
es la quintaesencia de república bananera. Menos evidentes son las causas de
tal situación. Invadido por Estados Unidos en 1915 para proteger los
intereses del City Bank y la National Railroad, en 1918 le cambió la
Constitución, que prohibía la venta de tierras a extranjeros, para que
empresas estadounidenses tomaran las mejores. En 1917, se alzó contra la
intervención Charlemagne Peralte, asesinado en 1919. La ocupación acabó en
1934, dejando en su lugar una constabulary, ejército indígena entrenado y
armado por Estados Unidos para usarlo como guardián de sus intereses. En ese
ejército se apoyó la familia Duvalier, que oprimió y expolió Haití durante
décadas con el beneplácito de la Casa Blanca.

En 1990, vio una luz el desolado país cuando un cura católico, al frente del
movimiento Lavalás, avalancha en creole, ganó las primeras elecciones libres
en cien años. El padre Jean Bertrand Aristide asumió el poder entre grandes
expectativas, pero poco duró el sueño. Meses después fue derrocado por el
ejército con la venia de Estados Unidos y el país fue otra vez sumido en
miseria y desesperanza. De poco sirvieron las sanciones y condenas
internacionales. Aristide fue invitado a permanecer en Estados Unidos donde,
entre agasajos y francachelas, se operó la transformación. Dejó el
sacerdocio, se aficionó a la buena vida y se hizo amigo íntimo de sus
anfitriones. En 1994, con un mandato del Consejo de Seguridad, el gobierno
Clinton intervino en Haití y restableció en el poder a Aristide. Éste
gobernó lo justo para organizar elecciones y traspasar el poder a un
candidato único, en unas elecciones en las que apenas participó el 20 por
ciento de votantes.

Aristide volvió al gobierno merced al resto de imagen que conservaba de lo
que había sido. Los haitianos tardaron poco en descubrir que no era el Dr.
Jeckyll sino Mr. Hyde. De su compromiso social y solidario quedaba lo mismo
que de su sacerdocio. Gobernó desde la corrupción y el nepotismo, sumándose
a la larga lista de gobernantes que estafan a sus pueblos y quieren
conservar con balas lo ganado con engaños. La revuelta social que vive Haití
se ha convertido en un río revuelto donde medran golpistas desterrados y
paramilitares, acentuando la disolución política y social del país.
Aunque mucha culpa tiene, no es Aristide el responsable último. El Haití de
hoy es resultado de noventa años de intervenciones extranjeras que han
desarticulado el país, saqueado sus riquezas y corrompido a políticos e
instituciones. El país antillano ofrece el rostro descarnado del
imperialismo y los efectos perversos de la injerencia extranjera, que nunca
llega para favorecer un país sino para expoliarlo y no quiere su bienestar
sino su sumisión. Las instituciones que crea -ejército, gobierno,
parlamento- no quedan para defender el país, sino para servir a los
intereses del interventor.

La intervención produce traumas y fracturas profundas que el intervenido
sufre por décadas. Son tantos los ejemplos que sería gratuito recordarlo de
no vislumbrarse una nueva intervención, que no será más útil que la de 1994.
Permite ilustrar además, para quien aún albergue dudas, el destino que
espera a un país como Iraq, cuya situación es similar a la de Haití en 1915.
Para que luego digan que la humanidad progresa o que el imperialismo cambia.

*Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales  de
la Universidad Autónoma de Madrid a_zamora_r@terra.es

Agencia de Información Solidaria

C1. Attac-España: En defensa de la justicia fiscal y contra la perversión
moral de los gobernantes
Ante las gravísimas declaraciones de Berlusconi afirmando el pretendido
"derecho moral" a la defraudación fiscal, y ante la necesidad urgente del
control democrático mundial de los movimientos financieros, y de poner fin a
la criminalización de los circuitos internacionales de capital financiero
que se apoyan en los paraísos fiscales y centros financieros off-shore,
ATTAC España cree necesario y urgente manifestar públicamente:

- Condenamos las declaraciones del presidente italiano Silvio Berlusconi, y
en caso de no rectificar urgente y públicamente sus manifestaciones sobre el
pretendido "derecho moral" a la defraudación fiscal, solicitamos sea
desautorizado por las autoridades de los paises europeos.
- Manifestamos nuestro apoyo a ATTAC Italia, y a todas las organizaciones
sociales y ciudadanas que en aquel país se manifiestan contra la actuación
política de Berlusconi, y en especial contra sus actitudes ambiguas en el
escándalo financiero de Parmalat y en los temas de defraudación y
criminalidad fiscal.
- Proclamamos la necesidad de una resuelta actitud ciudadana mundial en
defensa de la justicia fiscal, por la abolición de los centros financieros
off-shore y de los paraísos fiscales, así como por la urgencia de una
actitud política contundente y efectiva de los gobiernos contra la
delincuencia financiera.
                            En Madrid, a 21 de febrero de 2004

C2. ATTAC-Argentina: Entrega de los resultados de las Primeras Jornadas de
Consulta Popular No al ALCA

Una multitudinaria marcha de alrededor de 5.000 personas se desplazó el
martes 24 entre  la Plaza del Congreso y la Plaza de Mayo para entregar a la
Presidencia de la República los resultados de las Primeras Jornadas de
Consulta Popular realizadas entre el 20 y el 26 de noviembre ppdo. La
Autoconvocatoria contra el ALCA de la que participan más de 200
organizaciones no gubernamentales (ONGs) religiosas, políticas, sindicales y
sociales de todo el país organizó en la mencionada fecha a través de más
5.500 mesas de votación y la participación de unos 20.000 militantes, una
consulta ciudadana que incluyó tres preguntas fundamentales: las opciones de
apoyar o no la firma del acuerdo de libre comercio con los EEUU (ALCA) la
aceptación o no de pagar la Deuda Externa y la aprobación o no de la
presencia temporal o permanente de fuerzas militares y de bases extranjeras
en el país. Los resultados fueron contundentes el 96 % se pronunció en
contra del ALCA, el 88% por el No Pago de la Deuda externa y el 97% contra
la Militarización o presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio,
sobre un total de casi 2.300.000 votantes.

Estas cifras muestran bien a las claras el grado de concientización
alcanzado por una importante mayoría de la población previamente informada
de las negativas consecuencias   que cada una de ellas y el conjunto de
estas decisiones  pueden generar en el futuro inmediato agravando las ya
difíciles condiciones  de pobreza  y de subdesarrollo a que sucesivos
gobiernos desde la nefasta Dictadura Militar han venido arrojando al país.

Los escasos recursos disponibles tanto para la difusión de  sus objetivos
como para la instalación de un mayor número de mesas de votación no impidió
sin embargo un pronunciamiento popular cuyos resultados dan una cabal imagen
del grado de percepción de la ciudadanía de  las causas que han llevado a
nuestro país a la actual situación y que de continuar en la misma dirección
pueden retrotraernos a un irremediable y certero estado de absoluta y total
colonización.

Estas inquietudes fueron claramente expresadas al representante del
Presidente de la Nación, Secretario General de la Presidencia D. Oscar
Parrilli, quién al concluir la Marcha recibió a una nutrida delegación de
representantes de la Autoconvocatoria en la Sala de Situación del Palacio de
Gobierno. Los delegados entre quienes se contaban el Premio Nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquibel, de ATTAC su Director Julio Gambina, y la que suscribe
Susana Merino, Nora Cortiñas de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo,
Beberly Keene  de Diálogo 2000, Isaac Rudnik de Barrios de Pie y varios más,
representantes todos de las organizaciones que conforman la
Autoconvocatoria, entregaron al señor Secretario una carpeta conteniendo los
resultados de la Consulta y le hicieron presente la necesidad de que el
Gobierno escuche la voz del pueblo, oriente sus decisiones políticas y
económicas conforme a este pronunciamiento, y se niegue a aceptar
imposiciones foráneas especialmente procedentes de los Organismos
Financieros Internacionales  y del Gobierno de los EEUU.

El Sr Parrilli escuchó atentamente los argumentos expresados y reconoció la
importancia de la labor desarrollada en materia de difusión de los
contenidos que inspiran a la Autoconvocatoria, pero  en modo alguno
comprometió cambios en las actuales políticas del Gobierno en lo referente a
seguir discutiendo temas  que como el ALCA o el pago de una Deuda Externa
ilegal y espuria debieran ser frontalmente rechazados por atentar
peligrosamente contra  nuestra ya ciertamente amenazada soberanía.

Como corolario algunos de los delegados dirigieron la palabra en la Plaza de
Mayo a los asistentes a la marcha, quienes debieron esperar pacientemente
casi dos horas, convocándolos a seguir luchando y a desarrollar toda clase
de imaginativas estrategias para lograr imponer políticas que respondan a
los genuinos intereses de la nación y de sus ciudadanos.



Advertencia: Los documentos publicados no comprometen a la asociación ATTAC
salvo mención en contrario. Pueden ser la opinión de grupos temáticos,
personas u otras organizaciones. Se trata solamente de aprovechar las
experiencias y las ideas disponibles para poder construir  juntos ese otro
mundo posible, para reapropiarnos de nuestro porvenir.





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